A 31 años de la Convención de Derechos del Niño, el derecho a la educación de la niñez se encuentra en riesgo por la pandemia
•A 31 años de la Convención de los Derechos del Niño, las niñas, niños y adolescentes viven una de las peores crisis en su derecho a la educación.
•Las autoridades educativas de nuestro país y de nuestro estado se han mostrado rebasadas ante la crisis, omitiendo estrategias ya propuestas por organismos internacionales en pro de garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.
En el 31 aniversario de la Convención de Derechos del Niño (CDN) y día internacional del niño y la niña celebrado este 20 de noviembre, son pocos los avances en la consolidación de los derechos de la infancia en nuestro país e incluso podemos vislumbrar un retroceso, principalmente en el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes.
La pandemia ha enfrentado al mundo entero a un cambio en nuestras rutinas y paradigmas, sin embargo, han sido los niños, niñas y adolescentes quienes ante el drástico cambio del sistema educativo han visto afectada tanto su manera de aprender, como las propias posibilidades de acceder a una educación gratuita, obligatoria y de calidad, tal y como queda consagrado en el artículo 3ro de nuestra Carta Magna. Ante el traslado del sistema educativo a medios tecnológicos como la televisión y el internet, la niñez y adolescencia que vive en condiciones de pobreza, rezago o vulnerabilidad social se ha topado con una limitante en su acceso a la educación pública, produciendo abandono escolar parcial o total de estudiantes de todos los grados educativos.
La educación pública se ha visto rebasada ante el nuevo panorama orillado por la pandemia, familias de estratos económicos medios han optado por pagar a profesores particulares ante el abandono y desorganización de su escuela pública, mientras que quienes no cuentan con las mismas posibilidades económicas se enfrentan a un abandono mucho más crudo. Si bien el cierre temporal de escuelas y la suspensión de actividades presenciales ha sido necesaria, es obligación del Estado garantizar la continuidad del aprendizaje, particularmente de aquellos que viven en condiciones más vulnerables, mediante opciones diversas de educación a distancia y el acceso universal a tecnologías de la información y comunicación (TIC).
Otras estrategias ya propuestas por organismos internacionales como UNICEF, tienen que ver con la identificación de alumnado ausente y posteriores visitas a las familias identificadas, la no aplicación de criterios desiguales de evaluación, la creación de campañas informativas dirigidas específicamente a infancia y adolescencia, desarrollo de contenidos específicos de educación para la salud, elaboración de planes de emergencia para actuación frente a COVID-19, reanudación prioritaria de educación presencial frente a otras actividades laborales, estrategias integrales para la identificación de casos de violencia y abuso
Durante el periodo de aislamiento han repuntado las cifras de violencia familiar en los hogares de todo México, siendo principalmente afectadas mujeres, niñas y niños: llegando ya a tener registros de feminicidios infantiles durante este periodo. Es necesario aplicar con eficacia e integralidad estrategias que protejan a niñas y niños ante esta cruel problemática.
Exhortamos a las autoridades de todos los niveles a respetar y garantizar el derecho de prioridad de niños, niñas y adolescentes, al formular políticas públicas en torno a la COVID-19, así como a seguir las recomendaciones estipuladas por el Comité de los Derechos del Niño, que resaltan la importancia de buscar alternativas para garantizar el derecho a la recreación, al descanso y, a la cultura de NNA; así como a evitar restricciones desproporcionadas en contra de los mismos.
Atentamente,
Martín López Espíritu
Director General
